Ni la tierra ni el mar ni
el espacio aéreo del Sáhara Occidental pertenecen a Marruecos. Esto
es lo que dice el Tribunal de Justicia de la UE en todas y cada una
de las sentencias que afectan a los intereses del Sáhara Occidental,
como territorio no autónomo en vías de descolonización. Si ya en
varias ocasiones había dictaminado que los Acuerdos de pesca y
agrícolas eran ilegales porque ese territorio no forma parte de
Marruecos, la puntilla a los intereses del gobierno de este país y a
los lobbies promarroquíes, se la daba hace un par de meses, el auto
de la Sala Quinta del referido tribunal, al dictaminar que el Acuerdo
de Aviación firmado por Marruecos y la UE, no puede aplicarse al
espacio aéreo del Sáhara Occidental.
Es inexplicable, por
tanto, que dos tercios de los europarlamentarios (PP europeo, Partido
Socialista europeo y liberales, que representan al capitalismo más
salvaje) den el visto bueno al Acuerdo UE Marruecos cuando esta
decisión contraviene lo que sentencia el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea sobre el derecho del pueblo saharaui a expresar, a
través de un referéndum, su voluntad de autodeterminación y, en
consecuencia, a gestionar sus recursos agrícolas, pesqueros y
turísticos.
La explicación hay que
buscarla en que Bruselas da por buenas las tesis de Marruecos sobre
que los acuerdos benefician a la población saharaui de sus
«Provincias del Sur», eufemismo con el que denomina al Sáhara
Ocupado desde 1975. En realidad Marruecos trata de ocultar su
objetivo primordial desde que ocupa militarmente el territorio desde
el abandono español: llenar el Sáhara Occidental de colonos
marroquíes y diluir inexorablemente la identidad saharaui. Se está
desequilibrando la balanza demográfica en el territorio ocupado dos
de cada tres residentes son ya colonos marroquíes algo ilegal que
contraviene el Derecho internacional humanitario. Solo el 5% de los
empleos que genera la actividad económica en el territorio, son
ocupados por saharauis.
El expolio de los
recursos del Sáhara afecta a todos los sectores económicos:
fosfatos, pesca, agricultura y turismo. Y los beneficios de esa
rapiña no van a parar a manos de su legítimo propietario, el pueblo
saharaui, sino a la del monarca alauita y una pequeña élite formada
por el Majzen y altos mandos militares de su corte.
A Mohamed VI se le
calcula una fortuna que ronda los 6.000 millones de dólares –según
Forbes– sin contar que además, el autoproclamado «rey de los
pobres», tiene 600 automóviles de lujo, una docena de palacios en
Marruecos e infinidad de inmuebles en el extranjero, en los que pasa
más de la mitad del año. Propietario único de «Les Domaines
Agricoles», primera empresa agroganadera del país, productora de
carne, lácteos, cítricos, verduras y cereales, que explota 15.000
hectáreas en el Sáhara Ocupado. También es el dueño de un lujoso
campo de golf para multimillonarios occidentales.
El acuerdo agrícola,
firmado el 16 de enero de este año, permitirá que la superficie de
frutas y hortalizas, en el Sáhara Occidental, pase de las 900
hectáreas actuales a las 5.000, lo que supondrá un incremento en la
producción de medio millón de toneladas, y que tendrá una
repercusión negativa en la comercialización de productos españoles
como el tomate, las judías verdes o el calabacín, entre otros.
Con respecto al sector
pesquero, en manos de la cúpula militar marroquí, las presiones
sobre el Parlamento Europeo han sido constantes pues, sin incluir las
aguas saharauis, el acuerdo sería inviable. Téngase en cuenta que
solo el 8,5% de las capturas se realizan en las costas de Marruecos y
el resto, 91,5%, en las del Sáhara. No deja de tener gracia (maldita
la que nos hace), que el acuerdo aprobado el 12 de febrero se
denomine: «Acuerdo de Colaboración para la Pesca Sostenible (SFPA,
en sus siglas inglesas) cuando lo que se practica en esas aguas es un
extractivismo exportador industrial que beneficia los intereses
privados de empresas marroquíes y españolas que, precisamente, pone
en riesgo la sostenibilidad medioambiental y social de la pesca
artesanal de bajura, al tiempo que inundan las grandes superficies de
sardinilla, caballa o pulpo etiquetado como de Marruecos y que, sin
embargo, procede de las aguas del Sáhara Ocupado.
¿Y a todo esto que dice
España? Nada de nada. La firma del Acuerdo ha coincidido con la
visita de Felipe VI a Marruecos, aplazada varias veces por capricho
de Mohamed VI. El rey español ha tenido la ocasión de reivindicar
el cumplimiento de los mandatos de Naciones Unidas, para que los
saharauis ejerzan el derecho de autodeterminación, a través del
referéndum aprobado por Marruecos y el Polisario en 1991; además el
Borbón tenía la obligación de denunciar el expolio de los
recursos saharauis. Pero, nuevamente, nada de nada. Por desgracia, en
las relaciones internacionales priman los intereses económicos y
estratégicos sobre los derechos de los pueblos. España olvida que
sigue siendo de iure la administradora del territorio hasta la
finalización de la descolonización, como antigua potencia colonial,
y tendría que ser la primera en defender en los foros
internacionales las justas aspiraciones de los saharauis. No solo no
lo hace sino que es la primera en aliarse y apoyar el injusto
proceder de Marruecos en el Sáhara y ya no solo en los terrenos
políticos o económicos sino que los representantes de nuestro país
miran para otro lado, cuando se presenta la ocasión, para no
enterarse de la brutal represión que el gobierno marroquí practica
a diario para mantener a raya la disidencia saharaui, en forma de
detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos.
Añadan ustedes a todo
este despropósito el que Marruecos gasta en defensa, en buena medida
para seguir ocupando a sangre y fuego el territorio saharaui, el
mismo porcentaje de PBI que EEUU y más del doble que España;
mientras, su población soporta una desproporcionada tasa de pobreza
y analfabetismo.
Autores:
Francisco Gozalo Viejo,
DNI: 03412206H
Aurelio Quintanilla
Fisac, DNI: 03380858L
Miembros de la
Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Segovia.